Acacia Coronado/Associated Press

martes, 14 marzo 2023 | 06:00

Austin— Los legisladores de Texas están proponiendo una legislación que convierte en un delito estatal cruzar la frontera ilegalmente desde México y crear una nueva fuerza de policía fronteriza que podría designar como ayudantes a los ciudadanos privados, lo último en la continua campaña del estado para poner a prueba los límites de la autoridad del Gobierno federal sobre la inmigración.

Las organizaciones de derechos civiles, los defensores de la inmigración y los demócratas denunciaron de inmediato los esfuerzos que comenzaron a llamar la atención después de la fecha límite del viernes para presentar proyectos de ley en la sesión legislativa bienal en curso de Texas.

“Tratar de resolver lo que es fundamentalmente una crisis humanitaria con una respuesta militar frontal completa muestra un desprecio imprudente por la seguridad de las personas en nuestro estado y un malentendido fundamental de las causas profundas de los problemas en nuestra frontera”, dijo Roberto López, defensor senior gerente del programa Más Allá de las Fronteras en el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, en un comunicado.

Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, los cruces ilegales se han disparado. Muchos migrantes se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y fueron liberados en los Estados Unidos para continuar con sus casos en las Cortes de inmigración.

Las propuestas republicanas en la Legislatura de Texas continuarían impulsando la misión fronteriza masiva de 4 mil millones de dólares del gobernador de Texas Greg Abbott conocida como Operación Lone Star. Eso ha incluido que el gobernador aumente considerablemente las patrullas cerca de la frontera con México, bloquee el tráfico con más inspecciones de camiones comerciales y construya más barreras a lo largo de la frontera internacional, haciéndose eco de la promesa de campaña incumplida del ex presidente Donald Trump.

El esfuerzo también ha incluido ordenar a los oficiales que detengan a los inmigrantes que ingresan ilegalmente a la propiedad privada y transportaron en autobús a miles de inmigrantes a ciudades lideradas por los demócratas, incluidas Nueva York y Washington, DC. Las medidas han puesto de relieve a Abbott, quien según sus asesores, está sopesando una candidatura a la Presidencia.

Los proyectos de ley presentados en esta sesión permitirían que una unidad de Policía Estatal recién creada arreste, detenga y disuada a las personas que cruzan ilegalmente a Texas, construya más y mantenga las barreras existentes entre Texas y México y devuelva a los inmigrantes a México si los ven cruzando a Texas.

Los oficiales fronterizos estatales servirían bajo la dirección de un jefe, quien sería designado por el gobernador. De acuerdo con un proyecto de ley, que tendrá que ser revisado por las dos cámaras legislativas del estado controladas por los republicanos antes de fines de mayo, el jefe podrá emplear policías estatales y locales con licencia para servir en la fuerza fronteriza, así como “ciudadanos respetuosos de la ley” sin condenas por delitos graves.

A los ciudadanos privados empleados por la fuerza se les permitiría participar en “operaciones y funciones de la unidad” y tendrían la misma inmunidad de responsabilidad penal y civil en el trabajo que los oficiales con licencia. Pero no tendrán poder de arresto, a menos que estén capacitados y autorizados por el gobernador, según la forma actual del proyecto de ley.

Las personas arrestadas por cruzar ilegalmente a Texas enfrentarían hasta 10 años de prisión y hasta $10 mil en multas por cada infracción.

La propuesta cita una cláusula constitucional de Estados Unidos sobre los poderes estatales cuando se enfrenta a una invasión y un peligro inminente y sigue a numerosos llamados de ex funcionarios de la administración Trump y sheriffs en varios condados del Sur de Texas para que Abbott declare lo que llamaron una “invasión” bajo esta cláusula.

El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dade Phelan, republicano, dijo en un comunicado que “abordar la crisis humanitaria y fronteriza de nuestro estado” era una prioridad. Phelan dijo que la policía fronteriza propuesta, así como un Comité Legislativo de Supervisión de Seguridad Fronteriza propuesto, que proporcionaría recomendaciones y supervisión de políticas de seguridad fronteriza a la nueva unidad policial y trabajaría en problemas en el Sur de Texas, eran un “asunto de aprobación obligatoria”.

La oficina de Abbott no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las organizaciones de derechos civiles, los demócratas estatales y el Caucus Legislativo Mexicano-Estadounidense de Texas denunciaron rápidamente la legislación, calificándola de “peligrosa, radical e inconstitucional”. Las propuestas de ley también generaron comparaciones con una “prohibición de ciudades santuario” de 2017 que permitía a la Policía preguntar el estatus migratorio de una persona y amenazaba a los sheriffs y jefes de Policía con cárcel si se negaban a cooperar con las autoridades federales para hacer cumplir la ley de inmigración.

Esa propuesta se convirtió en ley y desde entonces ha sido impugnada en los tribunales.

“Este atroz proyecto de ley, si se aprueba, no haría nada para frenar la crisis en nuestra frontera: simplemente sometería a los habitantes del Sur de Texas a un constante perfil racial exigido por el estado y a un nivel de distopía del estado policial de hermano mayor que nunca podrían haber imaginado”, dijo el presidente del Partido Demócrata de Texas, Gilberto Hinojosa, en un comunicado el viernes.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las tensiones en la frontera con México siguen siendo altas. Durante el fin de semana, un video mostró a cientos de aparentes migrantes venezolanos rozando a miembros de la Guardia Nacional Mexicana mientras intentaban cruzar un puente hacia El Paso, Texas, antes de ser bloqueados por agentes estadounidenses.