Manuel Peña Salazar/ Editorialista

Qué diferente en la actualidad es la relación y trato con la presidenta de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), ministra Norma Piña y cuando el Presidente era el ministro Arturo Zaldívar. Con Zaldívar se aludía que existía una Corte de la Nación incorrupta, con ministros honestos, dignos representantes del pueblo. Durante la Presidencia del ministro Zaldívar, según AMLO, la Suprema Corte y sus ministros eran de vanguardia, de avanzada; eran magistrados que protegían y estaban siempre pendientes de defender la adecuada aplicación de la Constitución Mexicana. Al ministro se le mencionaba en Palacio Nacional como un Presidente de corte progresista, donde mantenía una relación muy cordial con el ejecutivo al cual le abrió las puertas de par en par del poder judicial. En otro ambiente, entre analistas, al presiente ministro se le consideró más un político con toga que un juez. Ministro sin carrera judicial —es decir, no pasó por juzgador y magistrado antes de llegar a la Suprema Corte—, Zaldívar se ha abierto camino en el circuito jurídico gracias a las alianzas externas que ha formado con actores políticos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador en primerísimo lugar. El mandatario encontró en Zaldívar a un aliado dentro del máximo tribunal para impulsar reformas constitucionales útiles a su Gobierno y para emprender una purga de jueces y otros que le resultaran incómodos. Zaldívar, que ahora aboga por la austeridad en el ejercicio público, por el feminismo y por los pobres de México, recibió a cambio un cheque en blanco que podrá canjear en el futuro por algún cargo público fuera del poder Judicial. Según fuentes cercanas el ministro, ha sabido cambiar de rumbo su barco para ir con la corriente. Arturo Zaldívar en un sexenio, el ministro pasó de neoliberal a defensor del Estado fuerte y austero. Esta trasformación del ministro Zaldívar tiene varios pasajes, los cuales son relatados por juristas destacados. Destacan que, en 2014, cuando el Congreso aprobaba las reformas estructurales patrocinadas por la administración de Enrique Peña Nieto —que posibilitaban la inversión de empresas extranjeras en la explotación de los bienes nacionales—, escribió que la Suprema Corte debía contribuir a “la transformación de México”, al “crecimiento económico” y al “desarrollo como un objetivo social”, todas expresiones características del discurso del Gobierno en turno. Para noviembre de 2018, cuando ya era presidente electo López Obrador, Zaldívar adoptó una crítica al “orden institucional imperante”, a la “corrupción endémica”, la “desigualdad histórica” y el derroche de recursos públicos del poder Judicial, y dijo que la Corte debía “dar una respuesta institucional clara a los reclamos manifestados a través de las urnas”. Zaldívar ex presidente de la SCJN se acomoda y posa acorde al sexenio, en enero 2015 intentó por primera vez ser presidente de la Corte, pero perdió ante Luis María Aguilar, impulsado por el ala conservadora del Supremo. El segundo intento de Zaldívar, el definitivo, vino cuatro años después, tras el avasallador triunfo de López Obrador en las elecciones de 2018. Zaldívar, esta vez, logró la presidencia de la SCJN, la dirección de los vientos había cambiado y él navegaba con la corriente. Al asumir como presidente, Zaldívar dijo que en su mandato la Corte se abriría al diálogo con los demás poderes. El diálogo anunciado se convertiría en una apertura de puertas desde y hacia el Ejecutivo. “Zaldívar se terminó presentando como una suerte de mediador o posible enlace entre la Cuarta Transformación y el Poder Judicial, resume Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La relación de entendimiento entre López Obrador y Zaldívar fue tal que, con el beneplácito de Palacio Nacional, el ministro intentó extender su periodo como presidente de la Corte por dos años más. El ministro, Arturo Zaldívar, fue un presidente de la SCJN a modo y oído de Palacio Nacional.

Esta relación de subordinación del presidente de la SCJN, dio un viraje, tomó otro sentido y dirección con la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández elegida el lunes 2 de enero del 2023, fue elegida como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Es la primera mujer al frente del poder Judicial, la cual cuenta con un expediente muy acreditado en su formación académica y desempeño profesional en el ámbito del Derecho. Un componente que expresa su propuesta clave en la presidencia de la SCJN es establecer la autonomía del Poder Judicial y cuidar la aplicación correcta de la Constitución Mexicana. Compromete que su gestión estará centrada en establecer una relación de iguales ante los poderes Legislativos y Ejecutivo, para marcar los equilibrios institucionales en una sociedad democrática y plural. Estos elementos que delinean el nuevo perfil institucional y social de la SCJN incomoda al Poder Ejecutivo y Legislativo, que de forma desaseada han aplicado la Constitución Mexicana. Para una sociedad que tiene una vida corta en el ámbito democrático es muy valioso que se tengan equilibrios y respeto entre los tres poderes de la Nación. Es necesario… quién sea, que el poder presidencial y el Poder Legislativo estén constitucionalmente bien acotados para no trastocar las libertades sociales y humanas. Al país no le conviene tener un exacerbado y omnipotente Presidencialismo; son necesarias las autonomías e independencia de los tres poderes. Es importante que, la Suprema Corte de la Nación y la Sindicatura Federal, sin importar quién esté al frente, se le respete y trate de igual a igual. Es muy valiosa la función de la SCJN, al ser la responsable de que se cumplan y respeten los derechos y la condición humana de los mexicanos. Por lo cual los mexicanos demandamos respeto y trato digno a los magistrados y en sí a la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

DOCTOR EN EDUCACIÓN POR LA FFYL DE LA UACH Y DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVAS.